Congreso transfirió S/2.6 millones a partidos políticos mediante descuentos salariales

El Congreso de la República transfirió a tres agrupaciones políticas la cifra de S/2 626 000 entre los años 2022 y 2025, dinero que provino de descuentos aplicados directamente a los salarios de trabajadores militantes afiliados a esas organizaciones. Así lo reportó el programa periodístico Punto Final tras acceder a registros financieros del Parlamento.

Según la investigación, el mecanismo utilizado se conoce como "aportes voluntarios", un sistema mediante el cual se descuentan fondos de los honorarios de empleados para transferirlos a sus respectivas agrupaciones políticas. Los trabajadores reciben sus remuneraciones después de que se deduce el dinero destinado a financiar al partido político.

Distribución de fondos entre partidos

La información obtenida por Punto Final revela que Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, fue la agrupación que mayor cantidad de recursos recibió. Entre 2022 y 2025, esta organización obtuvo S/1 333 000 mediante transferencias ejecutadas desde las cuentas del Congreso.

Perú Libre ocupó el segundo lugar con S/834 000 en transferencias durante el mismo período, mientras que Alianza para el Progreso (APP) recibió S/459 000.

Consultas a autoridades

El programa periodístico formuló una consulta al Ministerio de Economía y Finanzas respecto a este tipo de descuentos en la remuneración de servidores públicos. La entidad respondió que tales prácticas no se encuentran contempladas en la normativa vigente, precisando que la planilla estatal solo puede efectuar descuentos que cuenten con autorización legal expresa, correspondan a cuotas sindicales o sean resultado de mandato judicial.

Análisis legal

Christian Sánchez, especialista en derecho laboral, cuestionó en la investigación tanto el empleo del aparato administrativo como los mecanismos contables del Congreso para recaudar estos recursos. El abogado señaló que tal procedimiento carece de cobertura legal.

"Es un caso preocupante, porque el trabajador ve afectada su remuneración para que ese dinero sea trasladado a un partido político y se usan los mecanismos de la entidad estatal, los recursos públicos, para gestionar transferencias de dinero a partidos políticos sin ninguna cobertura legal", expresó Sánchez.

La situación genera interrogantes sobre la legalidad de utilizar estructuras administrativas y fondos públicos para canalizar recursos hacia organizaciones políticas sin respaldo normativo. Los expertos consultados coinciden en que el procedimiento ejecutado por el Congreso transgrede el marco regulatorio actual y plantea dudas sobre el consentimiento real de los trabajadores involucrados en estos descuentos salariales.

El hallazgo se suma a cuestionamientos previos sobre transparencia y gestión de recursos en el Parlamento, y abre el debate sobre fiscalización de prácticas de financiamiento político mediante estructuras estatales.